El expresidente de Perú, Pedro Castillo Terrones, envió este jueves una misiva oficial al flamante mandatario interino, José Balcázar, solicitando un indulto presidencial que le permita recuperar su libertad. Castillo, quien gobernó entre 2021 y 2022, sostiene que su actual reclusión es producto de un proceso judicial viciado y motivado por intereses políticos de la oligarquía parlamentaria.

En el documento, firmado desde su centro de reclusión, el exmandatario apela a la «palabra empeñada» por Balcázar durante el proceso que lo llevó a la jefatura del Estado. Castillo enfatiza su condición de víctima de una persecución política bajo el ropaje de un juicio penal, un fenómeno denunciado por diversos movimientos sociales en la región como lawfare.

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«Recurro a su despacho para solicitar el indulto presidencial en coherencia con la palabra empeñada por usted, señor presidente», reza el texto dirigido al jefe de Estado. La defensa de Castillo y sectores constitucionalistas han subrayado que la sentencia de 11 años y cinco meses impuesta en noviembre pasado carece de sustento fáctico.

El expresidente reiteró en su carta que el delito de conspiración para la rebelión exige elementos de violencia que nunca se materializaron el 7 de diciembre de 2022.

«La aplicación en mi caso ha sido cuestionada, dado que no hubo violencia efectiva ni se materializó un golpe de Estado exitoso», afirmó el líder campesino, recordando que amplios sectores de la población peruana, especialmente en el sur andino, consideran su destitución como un quiebre de la voluntad popular expresada en las urnas en 2021.

La solicitud llega en un momento de transición crítica para el país. El pleno del Congreso eligió este miércoles a José Balcázar, integrante de la bancada de Perú Libre, como presidente encargado tras la destitución de José Jerí.

Aunque Balcázar, quien pertenece al mismo partido que llevó a Castillo al poder, había manifestado previamente su disposición a otorgar el indulto, ha mostrado cautela tras asumir el cargo. El mandatario interino indicó recientemente que la medida «no está en la agenda por el momento», mientras el país se encamina a los comicios generales del 12 de abril.

Este nuevo capítulo en la crisis peruana es el resultado de un asedio sistemático iniciado en julio de 2021, cuando las bancadas de derecha en el Congreso desconocieron la victoria electoral del maestro rural.

Durante 17 meses, Pedro Castillo enfrentó una estrategia de desestabilización que incluyó tres mociones de vacancia y un bloqueo legislativo constante, impidiendo la ejecución de las reformas sociales y la convocatoria a una Asamblea Constituyente que buscaba reemplazar la Constitución heredada del fujimorismo.

El 7 de diciembre de 2022, ante la inminencia de una destitución por «incapacidad moral», Castillo anunció un Gobierno de Emergencia Excepcional para disolver el Legislativo obstruccionista, pero fue detenido de forma sumaria por su propia escolta sin que mediara un debido proceso.

Este quiebre democrático fue calificado por diversos movimientos sociales como un «golpe parlamentario», el cual permitió la juramentación de Dina Boluarte y consolidó un esquema de poder que ha mantenido al líder campesino en prisión bajo cargos de «conspiración».

La caída de Castillo detonó un estallido social sin precedentes en las regiones del sur andino, donde la población civil fue víctima de una violenta represión estatal que dejó más de 60 fallecidos.

Para observadores internacionales y defensores de derechos humanos, la actual condena de 11 años contra el expresidente es la culminación de un proceso de lawfare diseñado para criminalizar el proyecto popular que Castillo representaba, dejando una herida abierta en la democracia peruana que hoy busca sanarse a través de la vía del indulto.

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